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El Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó, por unanimidad, la suspensión provisional otorgada a la agrupación Educación con Rumbo para que el Gobierno de México aplique la Prueba PISA en 2025.
En su resolución, el Colegiado estableció que no está claro si dicha evaluación forma parte de un parámetro constitucional y de derechos humanos que amerite su protección a través de un amparo.
El magistrado David García Sarubbi planteó que para analizar esos parámetros se tendrán que revisar las condiciones en las que el Estado mexicano se adhirió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), encargada de la prueba, lo que no puede resolverse en la etapa inicial del juicio.
La suspensión provisional había sido concedida el pasado 7 de mayo por la jueza Ana Luisa Priego a favor de Educación con Rumbo, en un momento en que el Gobierno de México manifestaba su intención de no aplicar la evaluación a estudiantes de 15 años en 2025. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró ese mismo día que no había problema con su aplicación.
En la resolución de este lunes, la magistrada Rosa González indicó que otorgar la suspensión daría ventaja a la organización quejosa, concediéndole la razón por adelantado, sin conocer más elementos que los presentados en su demanda.
Para el próximo 27 de mayo está programada la audiencia en la que la jueza Priego resolverá si se concede la suspensión definitiva a Educación con Rumbo, con los elementos que deberán presentar la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
La organización quejosa denunció la violación a la suspensión provisional, argumentando que las autoridades educativas no acreditaron estar realizando los trámites para la aplicación de la Prueba PISA, que evalúa los conocimientos adquiridos en comprensión de lectura, matemáticas y ciencias por estudiantes de educación básica.
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