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La diputada local de Morena, Lorena Ruiz García, propuso modificar el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para sancionar con hasta ocho años de prisión a quienes difundan información relacionada con procedimientos penales. La iniciativa incluye multas significativas y penas agravadas en casos que afecten la dignidad de las víctimas.
El proyecto plantea multas de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización para quienes divulguen imágenes, audios, videos u otros materiales vinculados a procedimientos judiciales. Esta propuesta incluye un agravante que incrementa las sanciones en una tercera parte cuando se difunda información relacionada con mujeres, niñas o adolescentes fallecidas, o cuando esta acción busque menoscabar la dignidad de las víctimas o sus familias.
La legisladora argumentó que esta reforma busca proteger la intimidad y dignidad de las víctimas, así como evitar la revictimización derivada de la exposición mediática. Según Ruiz García, la difusión de imágenes de víctimas puede causar daños emocionales y psicológicos, además de afectar la investigación judicial al influir en testimonios y pruebas.
La propuesta, que surge inspirada en la llamada "Ley Ingrid", destaca la necesidad de garantizar un tratamiento respetuoso hacia las víctimas. Este marco legal recibe su nombre por el caso de Ingrid Escamilla, cuyo asesinato en 2020 y la posterior filtración de imágenes generaron indignación nacional. Según la diputada, el contexto actual, marcado por la expansión de las redes sociales, facilita la propagación de contenidos que pueden causar un impacto negativo en las víctimas y sus familias.
En su exposición de motivos, Ruiz García enfatizó que la difusión de imágenes vulnera la privacidad y dignidad de las víctimas, perpetuando su sufrimiento y exponiéndolas a juicios públicos. Además, alertó sobre los riesgos que representa para la investigación penal, ya que esta práctica podría comprometer la seguridad de las víctimas y la labor de las autoridades.
Sin embargo, esta propuesta ha generado dudas sobre su alcance y posibles implicaciones en materia de libertad de expresión. Críticos de la iniciativa consideran que sancionar a periodistas y comunicadores podría derivar en un efecto inhibitorio, limitando el ejercicio periodístico y restringiendo el acceso a información de interés público. La aplicación de estas sanciones también podría enfrentarse a problemas de interpretación jurídica, dado el amplio rango de conductas contempladas en la reforma.
El Congreso local turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis. Este proceso abrirá el debate sobre la compatibilidad entre la protección de los derechos de las víctimas y las garantías fundamentales de información y expresión. La discusión también deberá considerar la eficacia de la reforma frente a los retos tecnológicos que representa la era digital y las redes sociales.