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Con un pasado ligado a posibles actos de corrupción, en los que habría incurrido como tesorero del ayuntamiento de San Pablo del Monte en el periodo 2017-2021, donde fue corresponsable de un probable daño patrimonial por más de 35 millones de pesos, Arturo Lucio Salas Miguela, se apresta a asumir el próximo jueves la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Apenas el pasado 24 de octubre, quienes integran la LXIV Legislatura local consumaron, por unanimidad de votos y sin objeción alguna, la imposición del exasesor especializado de la Secretaría de Finanzas, quien estará en el cargo durante los próximos siete años, en lugar de María Isabel Maldonado Textle.
Licenciado en Administración Pública por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Salas Miguela se incorporó al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros el 15 de septiembre de 2021, después de dejar el cargo de tesorero en el ayuntamiento de San Pablo del Monte el 30 de agosto de ese mismo año, y en el cual estuvo desde el 1 de enero de 2017.
De acuerdo con datos de la cuenta pública correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020, así como al periodo de enero a agosto de 2021, quien asumirá la titularidad del OFS fue corresponsable, junto con el entonces presidente municipal Cutberto Benito Cano Cóyotl, de un posible daño patrimonial al erario por un total de 35 millones 228 mil 609 pesos.
Según esos documentos públicos del OFS -en los que, desafortunadamente, no aparece la información que corresponde al ejercicio de 2017-, fue en el año 2020 cuando se registró el mayor daño a la hacienda de ese municipio por 15 millones 393 mil 855.13 pesos.
Durante el lapso referido, con Salas Miguela como tesorero municipal, fue una constante que el OFS le observara al ayuntamiento de San Pablo del Monte pagos de gastos improcedentes, en exceso, de bienes y servicios sin acreditar su recepción o aplicación y volúmenes de obra no ejecutados por distintos montos.
Además, el Órgano de Fiscalización también le observó pagos improcedentes a su medio hermano Calixto Tomás Juárez Miguela quien, durante la administración del presidente Cano Cóyotl, permaneció en la nómina del ayuntamiento con el puesto de oficial albañil.
A su pariente, Arturo Lucio Salas Miguela le pagó, con recursos del ayuntamiento, diversas cantidades durante los cuatro años y ocho meses que duró esa administración municipal.
Tan solo entre enero y diciembre de 2020, el entonces tesorero municipal pagó a su medio hermano la cantidad de 103 mil 273 pesos en total, sin importarle que el OFS le hiciera la reiterada observación relativa a que “el municipio sigue incumpliendo con la normatividad establecida al contratar a familiares por afinidad y/o consanguineidad”.
Por otros casos de nepotismo, durante el ejercicio de 2018 y con la anuencia del entonces presidente municipal, liberó pagos a distintas personas por cantidades totales de 636 mil 948 pesos y 383 mil 352. Dicha observación, ya desde el año 2017 había sido notificada al ayuntamiento por el OFS, pero hizo caso omiso.
Por si fuera poco, el OFS identificó el pago de finiquitos por terminación de la relación laboral a personal, casi un mes antes de concluir la gestión de Benito Cano Cóyotl, por un importe total de 410 mil 911.
En la lista de beneficiarios de ese finiquito aparece el nombre de Arturo Lucio Salas Miguela, quien se embolsó por ese concepto 176 mil 444 pesos; es decir, siendo tesorero, el 23 de julio de 2021 se autopagó la cantidad referida.
Una muestra más del desaseo que tuvo Salas Miguela al frente de la tesorería de San Pablo del Monte, fue el pago improcedente por 68 mil 128 pesos que realizó en el año de 2019 por la compra de trajes para integrantes del ayuntamiento.
Para pagar su vestimenta -consistente en saco, pantalón, camisa, y hasta portatrajes y una bolsa Roberts mediana-, el próximo auditor mayor erogó del erario la cantidad de 2 mil 692 pesos.
Aun con todos esos excesos, a partir del próximo jueves, el extesorero municipal de San Pablo del Monte será el encargado de revisar el gasto de más de 105 entes fiscalizables -poderes del estado, 60 ayuntamientos y organismos autónomos- que para el año 2024 será mayor a 25 mil millones de pesos.
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