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En un nuevo revés para el gobierno de Lorena Cuéllar, la resolución de amparos por la justicia federal ha orillado a la administración estatal a restablecer la atención médica, tal como se realizaba previamente a través de Pensiones Civiles.
Y es que trabajadores afiliados a distintos sindicatos han promovido amparos ante la justicia federal debido a la falta de prestación del servicio médico conforme a lo estipulado en el contrato colectivo.
El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Tlaxcala, otorgó protección a los solicitantes de estos recursos legales, cuyas identidades se mantienen resguardadas, ya que algunos de ellos enfrentan enfermedades graves que no habían sido atendidas adecuadamente desde el 6 de agosto, fecha en que se suspendió el servicio y se contrató a la empresa Operadora de Servicios Médicos ML. para hacerse cargo a partir de entonces.
Ante las deficiencias evidentes en la nueva modalidad de prestación de servicios médicos, un gran número de trabajadores al servicio del estado decidió manifestarse y salieron a las calles en marchas y en eventos públicos en los que la gobernadora está presente, solicitando la apertura de una mesa de diálogo para acordar mejoras en esta prestación.
Dado que no ha habido respuesta a estas demandas, algunos trabajadores, especialmente aquellos que enfrentan graves complicaciones de salud, se han visto obligados a buscar protección en la justicia federal para asegurar el acceso a medicamentos y atención médica para enfermedades crónicas degenerativas que padecen.
Los amparos otorgados revelan las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno estatal al firmar un contrato con una empresa que no ha cumplido con la prestación del servicio médico tal como se establece en el contrato colectivo.
Las quejas contra la empresa se centran en la falta de suministro de medicamentos en los módulos, la insuficiencia de médico personal, la carencia de especialización y la incapacidad para llevar a cabo a cabo análisis clínicos de manera adecuada.
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