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IGNORÓ #AYUNTAMIENTO DE #TLAXCALA AL #OFS Y MANTUVO CONTRATO #ILEGAL POR RENTA DE 21 #PATRULLAS || NO SE SABE SI YA REINTEGRÓ 19 MDP POR ESE GASTO INDEBIDO

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Fabián Robles/22 de agosto 2024) En 2023, el ayuntamiento de Tlaxcala no solo ignoró las observaciones realizadas un año antes por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), respecto del indebido arrendamiento de 21 patrullas, sino que su tozudez de mantener el contrato respectivo derivará en que se quede sin nada de ese patrimonio, ya que las unidades deben devolverse en unos días más a la empresa Casanova Vallejo.

Además, el gobierno morenista fue emplazado por el OFS, en cuatro fechas distintas, a reintegrar a las arcas municipales cantidades de dinero utilizadas de manera ilegal para el pago de la renta de esos vehículos, las que sumadas dan un total de 19 millones 059 mil 798.6 pesos. Hasta la fecha, se ignora si esta disposición fue acatada.

De acuerdo con documentos públicos, desde el ejercicio fiscal de 2022, el OFS realizó la observación al ayuntamiento capitalino de que era irregular la renta de esos vehículos para seguridad pública por lo que se pagaría 1 millón 270 mil 653.24 pesos cada 30 días por un lapso de 23 meses.

Desde esa anualidad, el entonces presidente Jorge Alfredo Corichi Fragoso hizo caso omiso y no se preocupó ni ocupó de solventar las observaciones respectivas. Esa conducta la mantuvo durante poco más de siete meses de 2023 en que siguió como alcalde, y lo mismo hizo su sucesora Maribel Pérez Arenas quien ha mantenido el contrato durante este 2024 y lo llevará a su fin.

Ya desde la revisión a los estados financieros del ejercicio 2022, el OFS observó que, aun cuando existía una prohibición expresa de no asignar contrato alguno a la firma Casanova Vallejo, por estar inhabilitada durante 45 meses por decisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Corichi Fragoso, le asignó a esa subsidiaria de Casanova Rent un contrato por 29 millones 225 mil 024.52 pesos, IVA incluido, por concepto de renta de patrullas.

De acuerdo con el contrato “de arrendamiento puro” MTLX-DA-AR-0002-2022, número de acción RP2233044 -del que este reportero tiene copia-, la vigencia fue a partir de la firma el 13 de septiembre de 2022 al 30 de agosto de 2024.

Sin embargo, esas fechas son distintas a las que aparecen en documentos públicos del OFS, según los cuales “el periodo de ejecución (es) del 15 de septiembre del año 2022 al 16 de septiembre de año 2024”; es decir que el contrato fenecería una quincena después de que concluya la actual administración municipal.

Según el OFS, “se tiene conocimiento que, mediante circular publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de septiembre de 2022 del expediente SAN-005/2022, se comunica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la moral Casanova Vallejo S.A. de C.V.”

La prohibición es resultado de que “el órgano interno de control del ISSSTE, emitió resolución de 9 de septiembre de 2022, dictada en el expediente administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas SAN-005/2022, a través de la cual se impuso a la moral Casanova Vallejo S.A. de C.V., una sanción administrativa consistente en una inhabilitación por 45 meses (…) por lo que no podrá por sí misma o a través de interpósita persona, presentar propuestas, ni celebrar contrato alguno con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”.

Según datos del OFS, esa inhabilitación “en un primer periodo corrió del 19 de septiembre al 11 de noviembre de 2022 y se interrumpió por efectos de la suspensión definitiva del 12 de noviembre de 2022 al 6 de junio del año 2023, fecha en la cual el Tribunal Colegiado resolvió modificar y negar la suspensión, por lo tanto la inhabilitación continúa vigente a partir del 7 de junio del 2023”.

Lo anterior quiere decir que el entonces presidente municipal de Tlaxcala firmó el contrato respectivo con la empresa referida, con la aprobación del cabildo, sin que supuestamente se hubiere enterado de la sanción impuesta a la empresa Casanova Vallejo.

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