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El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, actualmente encarcelado en Nueva York, ha emitido graves acusaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, alegando colusión con narcotraficantes. En una carta dirigida al periodista Keegan Hamilton, García Luna afirma que existen pruebas documentales y registros oficiales tanto en México como en Estados Unidos que demuestran contactos entre López Obrador, sus operadores y líderes del narcotráfico.
Según la misiva, esos registros incluyen videos, audios, fotografías y comunicaciones que, de acuerdo con García Luna, vinculan al presidente con narcotraficantes, particularmente con aquellos que testificaron en su contra durante el juicio. El exfuncionario sostiene que, incluso durante el proceso judicial, varios de esos testigos involucraron al presidente López Obrador en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Entre las pruebas citadas por García Luna figura la reciente captura del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, así como una carta emitida por Zambada, en la que supuestamente señala vínculos del gobierno mexicano actual con el crimen organizado. En el texto, García Luna añade que el gobierno ha mostrado una postura en contra de la captura de dicho capo y que el desmantelamiento del Poder Judicial de México ha beneficiado a los criminales.
Además de estas acusaciones, García Luna denuncia que el gobierno mexicano proporcionó información falsa en su contra durante el juicio en el que fue condenado. Critica también a los fiscales estadounidenses, afirmando que no corroboraron la veracidad de los datos aportados por el gobierno de México, pese a que, según él, su defensa presentó pruebas que acreditan que dicha información es falsa.
El exsecretario también reveló en su carta que rechazó un acuerdo ofrecido por la Fiscalía de Nueva York, el cual le habría permitido cumplir solo seis meses de prisión a cambio de inculparse de delitos relacionados con el narcotráfico y recibir beneficios económicos. Según García Luna, este ofrecimiento fue inducido por el gobierno de México, con la intención de que él se convirtiera en testigo, no para incriminar a narcotraficantes, sino para servir a los intereses del Estado mexicano.
Estas acusaciones de García Luna, quien encabezó la estrategia de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, generan un nuevo capítulo de controversia en torno a su figura, además de reavivar el debate sobre la relación entre el poder político y el narcotráfico en México.
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