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Si el gobierno estatal “de verdad reconoce los derechos humanos a la salud y al medio ambiente, deberá por fin atender los problemas de la Cuenca del Alto Atoyac de manera integral”, consideraron el Centro Fray Julián Garcés, la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala.
Tras conocer el Plan integral de atención y prevención de daños a la salud en la región de emergencia sanitaria y ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, así como el Primer informe estratégico para la comprensión de la problemática socioambiental en la materia y recomendaciones para su atención integral, dijeron que “se debe construir una nueva política de industrialización”.
Esta última, subrayaron, debe romper con las prácticas neoliberales implementadas hasta ahora, “en las que la prioridad es la atracción desregulada de la industria, pues ahora es claro que esa desregulación profundizará los daños a la salud cargando los costos de atención a la salud al Estado, por lo cual se requiere que las industrias adopten nuevas prácticas en el control de sus emisiones y descargas de tóxicos ya sea al aire, al agua o al suelo”.
Resaltaron que ambos documentos –presentados a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por la Secretaría de Salud federal y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt)- dan la razón a las comunidades afectadas respecto a que existe un vínculo entre la contaminación y la salud” en la zona que abarca dicho cauce.
Resaltaron que el Conahcyt reconoce que “la evidencia científica presentada en este primer informe demuestra que las altas tasas de incidencia y muerte son causadas por la exposición a tóxicos y procesos contaminantes de las industrias asentadas en la región.”
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