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(Fabián Robles/20 de agosto 2024) Durante el primer semestre del año el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) emitió un total de 329 sentencias por incumplimiento de personas en el pago de obligaciones alimentarias a hijos.
Sin embargo, precisó que “el número es muy cambiante, pues aun cuando al momento de dictar la sentencia las personas son catalogadas como deudoras, una vez que comienzan los descuentos, dejan de serlo y esto ocurre casi en forma inmediata”.
De acuerdo con información proporcionada a solicitud de este medio, el TSJE subrayó que la mayoría de las denuncias de este tipo son promovidas en contra de servidores públicos, por lo que al existir las sentencias respectivas el descuento se hace “prácticamente de inmediato, ya que solo se ordena a la institución aplicarlo”.
En términos generales, apuntó, prácticamente la mayoría de las sentencias por alimentos ya se estarían cumpliendo “y en automático (las personas involucradas) ya no son deudores”.
Uno de los casos más mediáticos y que generó un auténtico escándalo en lo que va de la presente administración estatal, es el del ahora titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández, quien fue exhibido por incumplir obligaciones en materia familiar, concretamente por ser deudor alimentario y por evadir las implicaciones legales respectivas con el manto protector de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
En febrero de 2023 -cuando aún fungía como titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA)-, el morelense fue denunciado por su exesposa de incumplir con la pensión alimenticia para su hijo de un año y nueve meses de edad que también requería de un tratamiento médico.
En ese entonces un juzgado ordenó la retención del 35% del salario del funcionario, pero según su expareja esa determinación no se cumplió, merced a las influencias políticas de Luis Antonio Ramírez.
Sin embargo, posteriormente en una entrevista a modo con El Heraldo, el ahora titular de la Segob negó todas las acusaciones y dijo estar al corriente de sus obligaciones familiares.
De acuerdo con datos de Proceso, “antes de ocupar el cargo de secretario de Medio Ambiente, en septiembre de 2021, Luis Antonio se desempeñó como director General Adjunto de Administración en el Banco del Bienestar; también fue asesor en el Senado de la República”.
Según su declaración patrimonial, continúa la revista, “es dueño de un terreno de 222 metros cuadrados con valor de 500 mil pesos, adquirido en 2011 mediante una cesión; un departamento de 61 metros cuadrados de 1 millón 300 mil pesos, comprado al contado en 2016 y una casa de 436 metros cuadrados de terreno y 217 metros de construcción que compró en 2020 por más de 3 millones de pesos, con un crédito”. (Aquí se puede leer esa nota https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/8/5/funcionario-de-la-4t-enfrenta-acusaciones-de-ser-deudor-alimentario-312200.html)
ALTO, EL NÚMERO DE DEUDORES
Con respecto a la plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el Tribunal Superior de Justicia informó que su personal ya ha sido capacitado, a fin de cumplir con el proceso respectivo, y se prevé que cada fin de mes -a partir de este agosto-, ya comiencen a subir las sentencias de personas deudoras de alimentos de Tlaxcala.
De acuerdo con datos del Inegi, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y el 67.5 por ciento de las madres solteras enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas.
A principios de julio, la magistrada presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura en el Estado, Anel Bañuelos Meneses, recibió las llaves de acceso a la Plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), con las que el Poder Judicial de Tlaxcala “podrá suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar información de todas aquellas personas que no han cumplido oportunamente con el pago de la pensión alimenticia (deudores y acreedores de obligaciones alimentarias) a fin de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA)”.
En un acto efectuado en el Aula Magna “Gustavo A. Barrera” de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Nuria Fernández Espresate, reconoció la disposición mostrada por los tribunales locales del país, pues esto refleja la responsabilidad que tienen para con la impartición de justicia.
Precisó que, desde el SNDIF, se busca instaurar un sistema de cuidados en México, enfocado a que la atención a NNA e integrantes de sectores prioritarios no recaiga únicamente sobre las espaldas de las mujeres, sino que sea una obligación compartida, por lo que consideró que, con la entrega de estas llaves de acceso, se da un paso muy importante para que en los juzgados se dicten sentencias sobre los deudores alimentarios y que éstas se registren en la plataforma.
Es importante mencionar que con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias tanto los Tribunales Superiores de Justicia en las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos DIF para que con ella integre al Registro Nacional de Obligaciones.
El objetivo es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, con el fin de ocuparle como un instrumento para la efectiva protección y restitución de los derechos de NNA; el Registro es público, gratuito y digital.
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