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Durante el año pasado, los tlaxcaltecas “pagaron” 3 mil 683 millones de pesos por costos derivados por actos de corrupción; es decir, cada una de las víctimas del estado desembolsó en promedio 2 mil 849 pesos -49 pesos más que lo erogado en 2021- por al menos una de esas prácticas, según resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2023.
En el periodo referido, en el estado se registraron 24 mil 548 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en al menos uno de los trámites realizados.
El Inegi también dio a conocer que de la población mayor a 18 años de edad que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o tuvo contacto con alguna persona servidora pública, 75% percibió que los actos de corrupción son “muy frecuentes o frecuentes” en la entidad.
La tasa de población que fue víctima y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 15 mil 242 por cada 100 mil habitantes en el estado, mayor al promedio nacional que fue de 13 mil 966.
Este dato es de llamar la atención porque, en comparación con lo registrado en 2021 (cuando sumó 8 mil 810 víctimas por cada 100 mil habitantes), durante 2023 tuvo un crecimiento de 73%, con lo que Tlaxcala se ubicó entre las ocho entidades federativas con mayor aumento en ese rubro.
De hecho, el estado gobernador por Lorena Cuéllar Cisneros fue tercer lugar nacional con más crecimiento en este indicador, al situarse debajo de Chihuahua y Baja California Sur que registraron 110.8% y 101.4% más, respectivamente, en el periodo referido.
Además, 51.5% de los tlaxcaltecas mayores de edad consideraron a la corrupción como el problema más importante que aqueja a la entidad, seguido de la inseguridad y la delincuencia.
Los resultados de la Encig 2023 también evidencian que 81.9% de la población tlaxcalteca percibe que soy muy frecuentes o frecuentes los actos corruptos de policías, 81.8% considera así a los partidos políticos, 71.9 a los gobiernos municipales, 66.1 a la administración estatal, 64.2% a los agentes del Ministerio Público y a la Procuraduría General de Justicia, y 62.9% a jueces y magistrados.
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