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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) identificó irregularidades en diversos centros de rehabilitación de 24 horas, las cuales podrían poner en riesgo la dignidad e integridad física de los internos. Entre las inconsistencias destacadas se encuentran tratamientos que vulneran los derechos humanos, retenciones contra la voluntad de los pacientes y la operación sin licencia de funcionamiento.
Jacqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la CEDH, subrayó la importancia de la intervención del organismo en lugares donde las personas están privadas de su libertad, incluso si no se trata de una falta administrativa o un hecho delictivo evidente.
La presidenta del organismo señaló la necesidad de supervisar los centros de rehabilitación para personas con problemas de adicción, a fin de garantizar que operen conforme a la legalidad y respeten los derechos humanos.
En relación con estos centros, Ordóñez Brasdefer destacó que muchos de ellos operan externamente, brindando atención para la reintegración social de sus pacientes. No obstante, insistió en la necesidad de revisar estos establecimientos durante el presente año, con el objetivo de presentar los resultados de la investigación en septiembre.
La intención de estas medidas obedecen a la necesidad de identificar acciones concretas que competen a los ayuntamientos, los cuales puedan atender las observaciones y tener tiempo para implementar las mejoras necesarias.
La presidenta de la CEDH también comentó que han recibido quejas relacionadas con los centros de rehabilitación, aunque aclaró que, al tratarse de espacios mayoritariamente privados, la comisión no tiene facultades directas para investigar. Sin embargo, mencionó que realizan visitas para revisar las condiciones de los internos y emiten observaciones a las autoridades competentes.
Durante estas visitas, se han detectado casos alarmantes donde los tratamientos pueden atentar contra la dignidad o integridad física de las personas, y situaciones donde los internos son retenidos contra su voluntad, siendo obligados a pagar una cuota para ser liberados. Además, en algunos centros se ha constatado la falta de licencia de funcionamiento, lo que agrava aún más la situación.
La ombudsperson enfatizó que, aunque los convenios entre particulares no pueden justificar la retención de personas, estas prácticas continúan ocurriendo, incluyendo casos de maltrato físico. La CEDH se compromete a seguir investigando y denunciando estas irregularidades, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos humanos en estos centros de rehabilitación.
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