CONGRESO PONE UN ALTO A PRESTAMISTAS COLOMBIANOS; SANCIONARÁN HASTA 22 AÑOS DE PRISIÓN A COBRADORES ILEGALES

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(David Rodríguez /31 de marzo 2025) Con la intención de eliminar prácticas predatorias en el estado perpetradas principalmente por prestamistas ilegales, la LXV Legislatura de Tlaxcala validó una reforma para sancionar penalmente esas conductas y proteger a los comerciantes de los abusos, intimidaciones y cobros exorbitantes.

La reforma tipifica conductas delictivas conocidas como “cobro indebido”, “gota a gota” y “cobro de piso”, y establece sanciones adecuadas para cada una, respondiendo a una de las necesidades que apremiaban a ciudadanos de diferentes municipios.

“En el Estado de Tlaxcala existen bandas dedicadas a préstamos, originando deudas impagables para quienes los contactan Muchas de estas bandas son de origen colombiano, quienes se encuentran en diversos municipios y se dedican a extorsionar personas con altos cobros "gota a gota". Ya se tienen identificadas algunas de estas bandas en Apizaco, Tzompantepec, San Pablo del Monte y, en menor medida, en Calpulalpan. Quienes incumplen con los pagos son objeto de extorsión e intimidación para garantizar el cumplimiento del plazo establecido”,

Con la aprobación de esta iniciativa, se establece una sanción clara y específica para el delito de “cobro indebido” y sus modalidades. Así, quien obligue a otra persona, mediante amenazas o violencia física o moral, a realizar una acción u omisión relacionada con una obligación civil o mercantil para obtener un pago o beneficio, enfrentará una pena de 10 a 15 años de prisión y una multa de dos mil a tres mil UMAs.

“La Gobernadora del Estado, Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, propone penalizar a quienes cobren deudas mediante medios ilícitos, recurriendo al hostigamiento o la intimidación, y establecer sanciones adicionales cuando se empleen documentos falsos o se incurra en usurpación de funciones”.

Esta pena se incrementará hasta en una mitad si el delito es cometido por servidores públicos, miembros de empresas de seguridad privada, a través de medios electrónicos, con armas o instrumentos de amenaza, contra menores de 18 años o adultos mayores de 60, desde centros penitenciarios o causando daños, entre otros supuestos.

Asimismo, se sancionará con 1 a 7 años de prisión y multa de 5,000 a 8,000 UMAs a quien, sin autorización de las autoridades financieras, otorgue préstamos o créditos aprovechándose de la necesidad económica o el desconocimiento de las personas, imponiendo garantías o ventajas desproporcionadas. Esta pena se incrementará hasta en una mitad si se emplean medios coactivos, intimidación o amenazas.

También se castigará con 1 a 4 años de prisión y multa de 2,000 a 3,000 UMAs el uso de medios ilícitos o actos de hostigamiento para cobrar deudas civiles o mercantiles. Además, se aplicarán sanciones adicionales si se emplean documentos falsos o se usurpan funciones públicas o profesionales.