CONDENA PAN EN EL CONGRESO CRISIS DE SEGURIDAD POR HALLAZGO DE CAMPO DE EXTERMINIO

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(David Rodríguez/18 de marzo 2025) La representante del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Miriam Martínez Sánchez, afirmó que el hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, es una prueba fehaciente de la crisis de inseguridad que existe en el país.

Aseguró desde la Tribuna del Congreso del estado que la fallida política de “abrazos no balazos” del ex presidente López Obrador, obliga a las autoridades mexicanas a enfrentar la crisis humanitaria con responsabilidad y acciones contundentes y trabajo en conjunto.

“Hoy me dirijo a esta tribuna con profundo dolor e indignación. Los hechos ocurridos en Teuchitlán, Jalisco, donde se ha revelado un presunto campo de exterminio vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, nos muestran una de las peores caras de la crisis de seguridad y derechos humanos que enfrenta nuestro país. El hallazgo de al menos 400 pares de zapatos y restos humanos no es solo una estadística fría, es la prueba contundente del fracaso de una estrategia de seguridad que ha dejado a México en manos del crimen organizado”, añadió.

Martínez Sánchez mencionó que la cifra de 120 mil personas desaparecidas y el hallazgo de cementerios clandestinos que se multiplican en todos los estados del país, obliga al gobierno federal a reconocer la magnitud de la crisis y replantear de inmediato su estrategia de seguridad.

“Exigimos a la presidenta de la República que escuche a las víctimas, que atienda su clamor y que deje de evadir su responsabilidad. No se trata de discursos ni de promesas vacías, sino de garantizar justicia y seguridad para todas y todos los mexicanos. ¿Dónde está la respuesta del gobierno ante el horror de Teuchitlán? ¿Dónde está la acción inmediata para identificar los restos hallados y darles un nombre? ¿Dónde está la estrategia para frenar la impunidad y castigar a los responsables?”.

Por lo anterior, pidió brindar los recursos necesarios a los colectivos de búsqueda y se garantice la protección de las madres buscadoras, así como sancionar a los servidores públicos que han sido omisos o cómplices en la expansión de estos campos de exterminio.