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(Faro Noticias/13 de noviembre 2024) Integrantes de la LXV Legislatura local avalaron sin cuestionamiento alguno la abrogación de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del estado, decisión que conlleva la desaparición del Instituto Tlaxcalteca para Devolverle al Pueblo lo Robado (Itdep) a partir de enero próximo.
En la sesión ordinaria del martes, el pleno del Congreso local avaló la iniciativa enviada el pasado 6 de noviembre por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien argumentó que la abrogación de esa ley y la desaparición del Itdep “permitirá reorientar y reorganizar recursos y esfuerzos hacia la creación” -a partir de enero de 2025- de la Secretaría de la Mujer que será “un hito significativo”.
Con ese pretexto, la titular del Poder Ejecutivo y quienes integran la actual legislatura ocultaron que la verdadera razón para tomar esas decisiones fue porque desde mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales varios artículos de la norma referida y, por ende, el funcionamiento del Itdep es ilegal por invadir disposiciones federales.
La desaparición de ese instituto se da en medio de la más completa opacidad, porque hasta la fecha no se sabe nada de la consecución de alguno de sus objetivos, ya que en la página web del mismo no hay información al respecto, pues lo único que aparece son algunas fotografías de trabajos de capacitación.
En el presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal el gobierno del estado etiquetó 18 millones de pesos para el funcionamiento del Itdep, organismo público descentralizado que pasará a la historia de la administración pública local como el área de gobierno que menos tiempo de vida ha tenido: un año.
Tan solo para mantener la plantilla laboral en ese instituto -integrada por 38 personas-, el gobierno del estado presupuestó este año 10 millones 417 mil 795.30 pesos por concepto de sueldos, despensa, incentivo al ahorro, compensación, seguro de vida, gastos médicos, prima vacacional, gratificación anual y bono anual.
Al gasto previsto para el presente ejercicio fiscal debe sumarse 1 millón 503 mil pesos destinados a mediados de año para “remodelar” las instalaciones del instituto, según información dada a conocer en junio pasado por Coracyt Noticias.
Esos trabajos fueron realizados a pesar de que desde un mes antes ya la SCJN había declarado inconstitucional el funcionamiento del Itdep, y la gobernadora -por capricho- insistió en mantenerlo en un claro desafío al máximo tribunal del país.
Durante la supervisión a esos trabajos -encabezada por la propia mandataria-, el director Miguel Sánchez Ramírez sostuvo que “es un gran proyecto que le va a dar grandes resultados a los tlaxcaltecas (…) con el propósito de administrar bienes decomisados, abandonados, procedimientos de extinción de dominio, y una serie de bienes que regularmente, tanto muebles como inmuebles, activos o empresas, se quedaban en un estatus de no saber a dónde iban a parar ni cómo se utilizaban para que, precisamente todo esto se utilice en beneficio de la población”.
En el Programa Operativo Anual (POA) del Itdep se lee que su visión es que “en corto tiempo logrará recuperar el patrimonio del pueblo tlaxcalteca para beneficiar a los que menos tienen, en el propósito de fortalecer las acciones pertinentes para seguir construyendo cotidianamente una nueva historia convocada por la gobernadora del estado en favor de los tlaxcaltecas (sic)”.
Hasta la fecha nada se sabe sobre el eventual cumplimiento de ese catálogo de buenas intenciones.
El artículo 21 de la ley correspondiente prevé que “la persona titular de la dirección general del instituto deberá remitir semestralmente a las secretarías de Finanzas y de la Función Pública, un informe en donde se detalle la administración, enajenación o destino, así como del desempeño de las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores o administradores designados y de los terceros a que se refiere el artículo 3 de esta ley”.
Mientras que el artículo 22 establece que “la persona titular de la dirección general rendirá un informe semestral detallado a las entidades transferentes, respecto de los bienes, activos o empresas que cada una le haya transferido”.
Ninguno de esos informes aparece en la página web respectiva.
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