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(Fabián Robles/22 de julio 2024) En un acto más de derroche de recursos públicos, el presidente de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo arrendó de manera indebida diez patrullas para la Dirección de Seguridad Pública del 6 de marzo al 31 de diciembre de 2023, por lo que fue emplazado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a reintegrar a las arcas municipales 6 millones de pesos.
Según documentos públicos, derivado de la licitación número FFM2313023, el 6 de marzo del año pasado, el edil reeleccionista firmó el contrato respectivo con la empresa Quamtum, Insumos y Servicios SA de CV -con domicilio fiscal en calle Cereza, N° 4, en Xalapa, Veracruz- por un monto de 10 millones de pesos, por concepto de arrendamiento de diez camionetas tipo pick up de cuatro cilindros.
De acuerdo con el contrato, los vehículos equipados son tipo pick up Vigus JMC, versión 4x2 GL, modelo 2023, motor 1.8 Gtdi, potencia 177hp, doble cabina, transmisión manual de seis velocidades.
Tras la revisión correspondiente, el OFS detectó que el arrendamiento de esos vehículos se realizó “sin soporte documental comprobatorio y justificativo, como son bitácoras de recorridos que justifiquen su arrendamiento, propuesta de análisis costo-beneficio en relación al costo pagado por el arrendamiento contratado de unidades vehiculares del mismo tipo”.
En el periodo de enero a junio de 2023, el propio órgano fiscalizador solicitó al ayuntamiento de Huamantla información sobre ese contrato, pero ésta “no fue proporcionada por el municipio (sic)”.
Además, identificó que el arrendamiento, aparte de representar un costo excesivo, fue innecesario, porque con una inversión de “5 millones 077 mil 427.40 pesos, el municipio (sic) pudo adquirir por lo menos 10 unidades del mismo tipo, monto que incluye equipamiento de patrulla y seguro de cobertura amplia, además con el beneficio de que serían parte del patrimonio del municipio”.
Un comparativo realizado por el OFS demuestra que, si en vez de arrendar esas unidades el ayuntamiento las hubiera comprado, cada una de las patrullas le habría salido en aproximadamente 507 mil 742.74 pesos, incluidos los costos de adquisición de cada unidad (399 mil pesos), equipamiento especial para seguridad pública (75 mil 046.50 pesos), y seguro de cobertura amplia (33 mil 696.24 pesos).
Es decir, el gobierno de Juan Salvador Santos se habría ahorrado 4 millones 922 mil 572.6 pesos, y aparte hubiera dejado esas unidades como patrimonio de la comuna, en vez de quedarse sin nada tras devolver las unidades al arrendatario al término del contrato.
Aparte de esa anomalía, de una revisión física a las camionetas arrendadas -según lo asentado en un acta circunstanciada de fecha 11 de abril del 2024-, una de las patrullas no fue presentada, “no obstante, el municipio (sic) no integra ningún documento que soporte la ausencia de la unidad vehicular.
Como parte de la auditoría realizada, la tesorera del ayuntamiento confesó al OFS que, a pesar del vencimiento del contrato el 31 de diciembre de 2023, “las patrullas no han sido entregadas al proveedor de servicios, pues aún siguen en el municipio”, y de enero a marzo 2024 el ayuntamiento pagó al arrendador 2 millones de pesos más por este concepto.
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