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Nadie de los 17 integrantes de la LXIV Legislatura local que asistieron a la sesión ordinaria de este martes se atrevió a pronunciarse en tribuna por los actos de violencia protagonizados presuntamente por la diputada local del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Alejandra Ramírez Ortiz, quien fue denunciada por la vía penal por agredir y retener a Laura N., docente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).
Pese a que la mayoría de quienes forman parte de la actual legislatura son mujeres, en la sesión no hubo ni siquiera un gesto mínimo de sororidad para con la presunta víctima ni tampoco de condena, aun cuando la probable agresión tuvo lugar el pasado 10 de octubre en un aula de la Facultad de Filosofía y Letras de la máxima casa de estudios de la entidad.
En esos hechos, además de la diputada del PAC, también estaría involucrado su esposo Enrique Vázquez Fernández; ambos son catedráticos de la UATx y sobrinos del rector de esa universidad, Serafín Ortiz Ortiz.
Para efectos de asistencia a la sesión ordinaria de este martes, la mesa directiva del Congreso local concedió permiso de faltar a la diputada Alejandra Ramírez quien, sin embargo, sí estuvo presente en la etapa de entrevista de aspirantes a encabezar el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), según consta en una fotografía enviada por el área de prensa a los medios de comunicación.
Horas más tarde, en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada priista Diana Torrejón Rodríguez emitió un cauteloso comunicado en el que fijó su postura sobre esos actos.
Consideró que “la violencia en cualquiera de sus modalidades no se puede permitir, sobre todo porque la LXIV Legislatura tiene el firme compromiso de construir una sociedad igualitaria que tenga justicia y libertad”.
Tras las imputaciones en contra de su homóloga del PAC, Diana Torrejón consideró que “es un tema muy delicado, en el que no quiero incurrir en revictimizar a nadie”.
Precisó que, si bien "lo hasta hoy exhibido mediáticamente expone una situación de índole privada, adquiere una connotación pública, ya que involucra a personas con participación en espacios de autoridad”.
Subrayó que ese problema “requiere de una enorme madurez para su solución, que espero parta de quien, teniendo una posición de poder, asuma su obligación de excusarse y resarcir lo sucedido siendo proactiva, tanto frente a las instituciones a las que pertenece, como a las personas involucradas y la sociedad en su conjunto a las que todos los servidores públicos nos debemos".
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