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Quienes integran la LXIV Legislatura local aprobaron este jueves la expedición de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, misma que tiene por objetivo garantizar la eficacia en labores de prevención del delito, recuperar el orden y la paz social, además de establecer las bases generales de coordinación entre el Estado, los municipios y demás instancias en la materia.
Se trata de una iniciativa preferente remitida por la gobernadora que contribuye a establecer con mayor precisión el marco de coordinación en la materia, además de favorecer a la adecuada implementación de planes, programas, estrategias, operativos y acciones de las instituciones de seguridad ciudadana, y la participación de los sectores privado y social en coadyuvancia con las autoridades en tareas de prevención.
Dicha Ley incorpora la figura de Mando Coordinado, como un esquema de colaboración y coadyuvancia en el Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, constituyendo un mecanismo subsidiario para que las instituciones estatales de seguridad ciudadana intervengan en los municipios, a petición de los gobiernos municipales, con carácter temporal, a fin de procurar que estén en condiciones de continuar su operación y de manera conjunta se definan las acciones de seguridad y recuperación de la paz social.
El Mando Coordinado podrá tener una temporalidad máxima de dieciocho meses, con opción a prorrogarse en caso de mantenerse las condiciones de deterioro institucional y de tejido social que le dieron origen, y podrán disolverse luego que se restituyan las condiciones de tranquilidad y orden.
También se contempla en dicha ley el establecimiento de las bases para la evaluación, supervisión y cumplimiento de las medidas cautelares y providencias precautorias previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; promover la sensibilización y profesionalización de las instituciones de seguridad con base en perspectiva de género y derechos humanos; la atención oportuna y eficiente de las instituciones de seguridad; coadyuvar en la organización del tránsito de vehículos en las vías públicas; proveer el orden y seguridad en los Centros de Reinserción Social del Estado, entre otras acciones.
Además, dicho ordenamiento normará la capacitación, certificación y evaluación constante de los elementos adscritos a las instituciones policiales, además de velar por que obtengan la acreditación correspondiente.
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