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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma que asigna el mando militar a la Guardia Nacional y establece su conducción bajo las Fuerzas Armadas, generando fuertes críticas por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes consideran esta medida un paso hacia la militarización del país.
La reforma involucra cambios en varios artículos de la Constitución, entre ellos el 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129. El Cuarto Transitorio del dictamen especifica que la Comandancia de la Guardia Nacional será dirigida por un General de División en activo, designado por el Presidente de la República a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. En ausencia de personal con formación específica en la Guardia Nacional, la designación recaerá en un General de División del Ejército, capacitado en seguridad pública.
El bloque conformado por Morena, PT y el Partido Verde respaldó el decreto, argumentando que ya no existen violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones militares y que las estrategias del pasado resultan insuficientes para enfrentar la criminalidad actual. La votación final registró 22 votos a favor y 18 en contra.
De manera notable, Morena pidió a la oposición revisar el dictamen y colaborar en el fortalecimiento de las instituciones, con el fin de construir la paz. Los diputados Leonel Godoy, Guadalupe Chavira y Gerardo Fernández Noroña apelaron a la buena fe de sus contrapartes para sacar adelante la nueva figura de la Guardia Nacional. Fernández Noroña argumentó que hoy las fuerzas armadas no se utilizan para reprimir, mientras que Guadalupe Chavira vinculó la violencia en el país a la impunidad, destacando la apuesta del gobierno por una reforma integral en justicia.
Hamlet Almaguer, también de Morena, defendió la incorporación de la Guardia Nacional en tareas de investigación, citando como ejemplo la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Por otro lado, la oposición señaló que este decreto traiciona el acuerdo alcanzado en 2019, cuando todas las fuerzas políticas apoyaron la creación de la Guardia Nacional bajo la promesa de que estaría dirigida por un mando civil. Además, advirtieron que esta reforma podría marcar el inicio de la desaparición de las policías locales.
Los representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano recordaron las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declararon inconstitucional la conducción permanente de la seguridad pública por militares, lo que provocó la inconformidad del gobierno federal. También lamentaron que el gobierno no aprovechara la extensión concedida en 2022 para fortalecer a las corporaciones policiales estatales y municipales hasta 2028.
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