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ANALIZAN CRITERIOS EN EL PODER JUDICIAL PARA DEFINIR A DEUDORES ALIMENTARIOS

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Con el objetivo de contribuir a la más amplia protección de los derechos humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), la magistrada presidenta Anel Bañuelos Meneses encabezó la mesa de trabajo con consejeros de la Judicatura, enlaces y jueces de lo Familiar del Poder Judicial de Tlaxcala, para definir los criterios que habrán de aplicarse para definir a quien sea un deudor alimentario y, por ende, darlo de alta dentro del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

Si bien el Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE), ha comenzado a cumplir con el alta de sentencias definitivas en contra de personas que han incurrido en ser deudores alimentarios, el objetivo de esta reunión, fue determinar a partir de qué momento y en qué acciones judiciales se puede aplicar esta figura ya sea por alimentos provisionales, reconocimiento o desconocimiento de la paternidad, pérdida de la patria potestad, custodia provisional, adopción, guardias y custodias, convivencias, entre otras donde pudieran vulnerarse sus derechos.

Será en una siguiente reunión donde se defina a partir de qué momento una persona a la que se le ha requerido el cumplimiento de la obligación alimentaria ya puede definirse como deudor y, en automático, pueda ser dado de alta como tal, pues el objetivo es evitar que los NNA queden desprotegidos de su derecho a la alimentación el menor tiempo posible.

La magistrada presidenta, Anel Bañuelos Meneses, precisó que la creación del RNOA tuvo el objetivo de atender problemas críticos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a través del suministró, intercambió, actualización, análisis y sistematización de la información que genere el TSJE.

Por ello, destacó que deben ir más allá de utilizar responsablemente los sistemas e instrumentos tecnológicos que propicia el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia y trabajar para garantizar una eficiente impartición de justicia que contribuya a garantizar el derecho fundamental de las infancias a recibir el sustento necesario para su crecimiento y desarrollo.

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