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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifestó su preocupación ante la reciente propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa.
Esa propuesta, presentada el pasado 5 de febrero como parte de las iniciativas del Presidente de la República, fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2024.
Entre las modificaciones aprobadas se incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión, entre otros. Además, se incorporó una reserva presentada por el Diputado Leonel Godoy para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas.
Por ese motivo, el sindicato patronal expresó su preocupación por el impacto potencial de esta reforma.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado mexicano eliminar ese tipo de prisión, argumentando que vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia.
En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa representa un retroceso en la protección de derechos humanos. El incluir el delito de defraudación fiscal en el catálogo de delitos sujetos a ese tipo de prisión puede resultar en un uso indebido de esta figura. Además, la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el Juicio de Amparo, y restringe la capacidad del ministerio público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas.
Coparmex consideró que esta reforma no solo vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también establece un precedente peligroso al ampliar el uso de la PPO sin el debido análisis de cada caso concreto.
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