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Entre 2021 y 2024, una investigación realizada por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Tlaxcala) reveló que aproximadamente 11,850 niñas, adolescentes y mujeres en el estado enfrentaron violencia sexual, trata de personas, desapariciones intermitentes, violencia vicaria y tentativa de feminicidio. Estas cifras fueron presentadas durante la entrega del Protocolo de Atención a Niñas, Adolescentes y Mujeres en Situación de Violencia, en un evento organizado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Rosario Texis Zúñiga, directora de Ddeser-Tlaxcala, destacó que el protocolo busca establecer directrices claras para la atención y protección de víctimas de violencia, priorizando su bienestar y reparación integral. Este documento fue elaborado con base en experiencias obtenidas en campo por promotoras de Tlaxcala, Puebla y el Estado de México.
El proyecto internacional “En comunidad prevenimos y respondemos ante la violencia sexual y el embarazo infantil en 12 municipios de México” permitió desarrollar estas acciones entre mayo de 2021 y 2024. Financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, incluyó municipios como Chiautempan, Tetlanohcan y San Pablo del Monte, y posteriormente se amplió a localidades como Huamantla, Apizaco y Tlaxcala.
Texis Zúñiga detalló los hallazgos del proyecto. Entre 100 y 150 niñas de 10 a 14 años fueron atendidas anualmente por casos de violencia sexual, embarazo infantil y trata de personas. En muchos casos, las familias facilitaron estos abusos mediante transacciones que involucraban bienes materiales a cambio de las menores.
En el grupo de adolescentes de 15 a 18 años, 600 casos anuales reflejan problemáticas como violencia en el noviazgo y desapariciones temporales, donde muchas regresaron tras sufrir violencia sexual sin recibir un proceso de restitución de derechos.
Por su parte, 1,200 jóvenes de 19 a 25 años reportaron cada año situaciones de violencia sexual y digital, además de casos relacionados con trata de personas y embarazos no deseados. Las mujeres de todas las edades atendidas anualmente sumaron 2,000, enfrentando violencia de pareja, tentativa de feminicidio y violencia vicaria, que les ocasionaron daños físicos y psicológicos severos.
Entre las barreras identificadas, destacan la negligencia en la emisión de órdenes de protección, revictimización de las víctimas y la falta de recursos humanos y económicos en las instituciones encargadas. En algunos casos, ministerios públicos y jueces municipales negaron protección a menores de edad bajo argumentos que desestimaron su condición de vulnerabilidad.
Texis Zúñiga también mencionó la resistencia en varios municipios para colaborar en este proyecto, aunque reconoció avances en la sensibilización y capacitación de comunidades y escuelas. Sin embargo, enfatizó que la violencia no debe minimizarse ni utilizarse como un elemento transitorio antes de ofrecer apoyo terapéutico.
El protocolo presentado incluye rutas específicas de atención que abarcan desde la denuncia penal hasta la asistencia médica y psicológica, según decida la víctima. También incorpora estrategias de autocuidado y recomendaciones para mejorar el acompañamiento a sobrevivientes de violencia.
Ddeser-Tlaxcala subrayó que el involucramiento de autoridades municipales, escolares y estatales es esencial para construir espacios seguros y aplicar de manera efectiva los protocolos ya establecidos. Además, llamó a la sociedad civil a mantenerse vigilante y comprometida frente a la impunidad y los desafíos que enfrenta la justicia en este contexto.
Con estas acciones, se busca sentar las bases para un cambio estructural que garantice a niñas, adolescentes y mujeres de Tlaxcala el derecho a una vida libre de violencia.
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