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Tras asegurar que la presunta víctima no había presentado ninguna queja hasta este martes, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordóñez Brasdefer siempre sí ordenó que se iniciara “un expedientillo por el caso de la agresión a una catedrática de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) por parte de los catedráticos (sic) Alejandra N. y Enrique N. cuyos hechos se suscitaron en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras”.
El pasado lunes, la ombudsperson se limitó a dar a conocer públicamente, a través de un boletín, su “posicionamiento” sobre esos hechos ocurridos el pasado 10 de octubre, pero se abstuvo de mencionar si el organismo había iniciado alguna queja de oficio al respecto.
A pregunta de este medio, refirió que, “con la apertura de este expedientillo, los defensores de derechos humanos dieron seguimiento a las acciones emprendidas por la UATx, cuya institución informó sobre las medidas preventivas implementadas en contra de los presuntos agresores, quienes ya fueron separados temporalmente de su cargo”.
Sin embargo, la presidenta de la CEDH advirtió que “al haberse tratado de un problema entre particulares, donde se configuró la presunción de un delito del fuero común, las investigaciones ya están a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)”.
No obstante, aseguró que el organismo a su cargo “también ha dado seguimiento para verificar que a la víctima no se le limite el acceso a la impartición de justicia, pues uno de los fines de una investigación dentro de un expedientillo o expediente de queja, es que se garantice el acceso a la justicia de las víctimas”.
Precisó que, si se llega a encontrar responsabilidad alguna en materia de derechos humanos, “el paso a seguir es recomendar que se investigue administrativamente al servidor público para que en su caso sea sancionado por la propia institución, pues la CEDH no cuenta con facultades para sancionar”.
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